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Para  tales  reformas,  iniciadas  con  la  ley  95  de  1976,  se  siguió  el
            mismo estilo que para la adopción de la nueva legislación laboral,

            es decir, las reformas tampoco se centraron en un consenso previo,
            sino en la determinación del Gobierno Nacional.
                 Los espacios para el diálogo social en los años setenta, no fueron
            relevantes.  Debe destacarse, no obstante, que el desarrollo de la

            negociación colectiva, aún con las dificultades que enfrentó, supuso
            de algún modo la generación de actitudes y de preparación para el
            diálogo social.
                 A pesar de que el tripartismo es una forma de contribución a la

            existencia de actitudes y capacidades para el diálogo social, puede
            decirse que las previsiones sobre tripartismo en la Ley Orgánica del
            Ministerio de Trabajo y Bienestar Social (hoy Ministerio de Desarrollo
            Laboral), no resultaron favorecedoras del diálogo social.  Es posible

            que  ello  se  debiera  a  la  conflictividad  existente  y  también  a  que
            ambos sectores percibieron que era más provechoso para cada uno
            el entendimiento directo con el Gobierno Nacional.
                 A principios de la década de los ochenta, se da un importante

            intento  de  diálogo  y  concertación,  para  procurar  una  reforma
            consensuada de los cambios adoptados en 1976.  Aunque finalmente
            la ley 8 de 1981, reflejó la decisión del Gobierno Nacional, hubo un
            intento meritorio de concertación.

                      Para  1986,  se  produce  con  la  ley  1  de  1986,  una  reforma
            “flexibilizadora”,  adoptada  dentro  de  un  clima  de  confrontación,
            que  provocó  duros  enfrentamientos  entre  el  Gobierno  y  las
            organizaciones sindicales de trabajadores.

                        Entre  1987  y  1989  Panamá  vivió  una  situación  de  extrema
            confrontación nacional, en medio de una crisis política y económica,
            donde quedó excluida toda posibilidad de diálogo social.  Los perfiles
            económicos de esa crisis, llevaron a que trabajadores y empresarios,

            en sus respectivas empresas, llegasen a una serie de acuerdos, al
            margen  de  la  legislación  laboral,  dirigidos  a  salvar  las  fuentes  de
            empleo.
                 El inicio de la década de los años noventa, representó un esfuerzo

            de  reconstrucción política y económica del país.
                  Es en ese contexto, donde se da la invitación a la “concertación



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