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Esta norma internacional de la Declaración Americana ha sido violada
de forma directa ya que el Estado, en el caso internacional que nos
ocupa, destituyó a la víctima de su trabajo de Notaria, sin importarle
su condición de maternidad, pese a que la Constitución Panameña
establece un claro derecho de protección a la maternidad. Aquí hay
una doble infracción a las normas de protección: una a la Declaración
Americana y otra a la Constitución Nacional.
Adicionalmente, esta norma de la Declaración Americana es congruente
con el artículo 7 del Protocolo de San Salvador, que si bien no ha sido
sancionado, la jurisprudencia internacional en el Caso Ricardo Baena
y Otros contra el Estado Panameño, nos permite extensivamente
rescatar el deber de protección del Estado para asegurar condiciones
justas, equitativas y satisfactorias del trabajo, relevando el ordinal
(d) del artículo 7, justamente por la incorporación del Protocolo de
San Salvador. ( subrayado nuestro).
En aquella ocasión la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
su decisión sobre el caso Baena y Otros Panamá, señaló que:
159. La libertad de asociación, en materia laboral, en los
términos del artículo 16 de la Convención Americana,
comprende un derecho y una libertad, a saber: el derecho a
formar asociaciones sin restricciones distintas a las permitidas
en los incisos 2 y 3 de aquel precepto convencional y la libertad
de toda persona de no ser compelida u obligada a asociarse.
El Protocolo de San Salvador de 17 de noviembre de 1988, en
su artículo 8.3, recoge la misma idea y precisa que, en materia
sindical, “nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato”.
160. Consta en el acervo probatorio del presente caso que al
despedir a los trabajadores estatales, se despidió a dirigentes
sindicales que se encontraban involucrados en una serie de
reivindicaciones. Aún más, se destituyó a los sindicalistas por
actos que no constituían causal de despido en la legislación
vigente al momento de los hechos. Esto demuestra que,
al asignarle carácter retroactivo a la Ley 25, siguiendo las
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