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Así por ejemplo, al promediar los salarios bajos, con los medios y los
altos, el resultado será de muy elevado pero en realidad más del 68%
de los salarios se ubican en el rango del salario mínimo (B/600.00) y
menos, de donde es concluyente la distorsión descrita.
Los salarios aumentan de acuerdo a las iniciativas de los jefes de las
instituciones que sufriendo vergüenzas ajenas deciden hacer ajustes
a sus subalternos ocasionalmente. Los ajustes salariales también
son otorgados en una medida importante, en base al clientelismos
político-partidista.
No existe una ley general de sueldos ni ninguna norma que establezca
parámetros objetivos para los ajustes salariales, aunque están
vigentes algunos escalafones aplicables a determinados grupos de
profesionales como enfermeras, médicos, trabajadores de la salud,
farmacéuticos, etc, que no se reflejan ni en la mayoría ni en los
tramos de ingresos más bajos de los trabajadores estatales.
No existe una política de indexación salarial para combatir la
inflación, lo que trae como resultado que los trabajadores estatales
panameños deban enfrentar el aumento en los productos y servicios
básicos con los mismos salarios existentes antes de producirse
dichos aumentos. Existen trabajadores del Estado panameño que
no reciben aumentos desde hace 20, 25 y hasta treinta años,
manteniéndose con ingresos apenas superiores al mínimo legal.
No existe tampoco una norma, ni una política de revisión del salario
mínimo ya que las normas vigentes en esta materia son aplicadas casi
exclusivamente a los trabajadores del sector privado. En tal sentido,
se ha dictado el Decreto 14 de 2006, que equipara los salarios
mínimos vigentes en el sector privado, a los servidores públicos pero
no se compromete a mantener esta actitud de manera permanente,
por lo que se vislumbra que los siguientes ajustes al salario mínimo
pueden o no incluir a los servidores públicos.
Como no existen convenciones colectivas (o no se practican) en el
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