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materia de derechos individuales, tales como limitaciones a la
jornada de trabajo, protecciones al trabajo de las mujeres, etc.

Existen cierto es, normas fraccionarias que regulan algunos derechos
como la protección del salario, el horario de trabajo, licencias por
estudios, etc., pero todas bajo la concepción de ser consideradas
concesiones que la administración le ha otorgado a sus trabajadores

y por lo tanto de su contenido se desprenden que los derechos allí
establecidos tienen muchas limitaciones. Tal es el caso por ejemplo
de las libertades colectivas (asociación negociación y huelga)
contenidas en la ley 9 de 1994 que están de tal forma reguladas

que impiden su efectivo ejercicio. En el ámbito colectivo NINGÚN
GOBIERNO ha querido reconocer libertades sindicales en el sector
público de manera clara y precisa. En la actualidad se ha elaborado
un anteproyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo, en

forma tripartita, auspiciado por la OIT que sin embargo desde hace
casi un año está pendiente de ser presentado al Consejo de Gabinete
para su posterior envío a la Asamblea Nacional.

Existen delitos penales castigados un tanto severamente que según
el legislador pueden ser cometidos solamente por los servidores
públicos tales como peculado, abuso de autoridad, extralimitación
de funciones, etc., lo que excluye la posibilidad que los mismos

puedan ser ejecutados por particulares y si lo fuesen pues cabe la
posibilidad de que no fuesen sancionados por no ser una conducta
tipificada en el Código penal.

3. De Carácter Jurisdiccional.
Los trabajadores estatales no tienen una jurisdicción especial y no
participan de la jurisdicción especial del trabajo instituida en el
Código de Trabajo y la Ley 59 de 2001. Existe la Junta de Apelación

y Conciliación de Carrera Administrativa que se presume sea un
tribunal pero para atender exclusivamente las destituciones, las
decisiones del Director General de Carrera Administrativa (en
segunda instancia) y la de admitir y tramitar consultas individuales y

colectivas pero hasta la fecha no se ha considerado que pueda atender
casos de trabajadores estatales a los que se les apliquen normas de

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